El Ministerio Público obtuvo tres meses de prisión preventiva como medida de coerción en contra de Jeifry del Rosario Gautier, vinculado a la red que dirigía César Emilio Peralta, (César el Abusador), quien fue solicitado en extradición por los Estados Unidos.
La decisión fue adoptada por la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, la cual dispuso que el hijo del narcotraficante Ramón Antonio del Rosario Puente “Toño Leña”, la cumpla en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal, hasta tanto se conozca su proceso de extradición a la nación norteamericana.
Se recuerda que dicho encartado fue solicitado por Estados Unidos junto al prófugo César el Abusador y los también cabecillas de la red José Jesús Tapia, Baltazar Mena y Sergio Gómez Díaz, éstos tres últimos quienes ya fueron extraditados.
El órgano persecutor destacó en un comunicado de prensa que luego de desmantelada la red que dirigía César el Abusador el pasado 20 de agosto fueron apresadas unas 16 personas contra las cuales se impusieron distintas medidas de coerción como prisión preventiva, prisión domiciliaria, garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país por su vinculación a la organización criminal.
Señaló que en sus esfuerzos en la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos logró que fuera anulada la libertad pura y simple que favoreció al también señalado como miembro de esta red Yadher Rafael Vásquez Araujo (Jaque Mate), contra el cual también fue dictada prisión preventiva en el referido recinto penitenciario.
Además logró que fuera ratificada la prisión preventiva a la imputada Marisol Franco, pareja de César el Abusador, al igual que a Alan Gilberto Bueno Alcéquiez (Alan Dólar), Manuel Sánchez (Pupilo) y a José Bernabé Quiterio, mientras que en el caso de Edward Patricio Cabral también logró que le fuera ratificada la prisión domiciliaria.
El grupo fue sometido a la justicia por la Procuraduría Especializada Anti Lavado Activos y Financiamiento del Terrorismo y la Fiscalía del Distrito Nacional en el marco de una investigación que lleva a cabo el Ministerio Público junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas por la presunta violación de varios artículos de la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y el Código Penal Dominicano.
