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La Habana (EFE) .- El Gobierno cubano pondrá en marcha en días un fuerte y controvertido plan de ajuste que persigue reducir el abultado déficit fiscal, contener una inflación desbocada y reactivar una economía que el año pasado se contrajo y aún está lejos de los niveles prepandemia.
El ajuste, uno de los mayores en décadas, incluye subidas de los combustibles de más del 500 %, de hasta el 600 % en el transporte interprovincial, un tope a las pensiones máximas y la sustitución de los subsidios universales a productos por las ayudas específicas para personas vulnerables.
Las medidas -avanzadas en diciembre por el primer ministro, Manuel Marrero, y comenzadas a concretar en los últimos días- contemplan una nueva devaluación del peso cubano (CUP) para recortar la creciente brecha entre los tipos de cambio oficial e informal frente al dólar, una de las causas de las graves distorsiones de la economía.
Los anuncios han suscitado dudas y críticas entre los expertos independientes, que en su mayoría consideran que el plan no afronta los problemas fundamentales de la economía cubana y que va a azuzar aún más la inflación.
Consideran además que va a generar aún más privaciones en una sociedad ya profundamente lastrada por tres años de grave crisis a causa de la pandemia, el endurecimiento de las sanciones estadounidenses y los errores en la política económica nacional.
Frenar el “derroche” estatal
Marrero dijo que el país socialista no podía seguir con el “derroche” en ciertos servicios subsidiados, incluidos el abastecimiento de agua, gas licuado, los combustibles, la electricidad y hasta los alimentos básicos distribuidos en la libreta de abastecimiento (cartilla de racionamiento).
Según datos oficiales, el déficit fiscal ascendió al 19 % del producto interno bruto (PIB), cuando la economía se contrajo este 2023 entre un 1 y un 2 %.
Así, el costo del abastecimiento de agua se triplicará para quienes no tienen servicio tarifado por volumen (contador) y se elevará un 25 % el precio del cilindro de gas licuado.
Además, a partir del 1 de febrero los combustibles subirán entre un 500 y un 550 %. La gasolina y el diésel pasarán de los 25 CUP actuales a 132 (de 0,21 dólares a 1,1, al cambio oficial para personas físicas). De esta forma, llenar un depósito de 40 litros supondrá 5.280 CUP, cuando el salario medio estatal apenas supera los 4.200 CUP.
El Gobierno adelantó también que 28 gasolineras en el país cobrarán el combustible a los turistas directamente en divisas, para captar la moneda extranjera que precisa para pagar a sus principales suministradores: Rusia, Venezuela y México.
La tarifa eléctrica también subirá para el 5 % de los hogares con mayor consumo en cerca de un 25 % por cada kilovatio (kW) extra que exceda los 500 kW/hora.
Los incrementos también se reflejarán en el transporte de pasajeros con la subida en las tarifas de los buses interprovinciales de hasta un 400 %, un 600 % en el caso del ferrocarril y de un 468 % para la aviación. Los precios del transporte urbano e interurbano, por su parte, se mantendrán estables.
El Gobierno tiene además previsto -aunque no anunció plazos- dejar de subsidiar productos de la cartilla de racionamiento y pasar a auxiliar a aquellas personas que considera “vulnerables”, un proceso de clasificación que aún no ha concluido.
El objetivo es alcanzar “un esquema más justo y eficiente”, argumentó Marrero, quien comparó la situación de pensionistas y empresarios, reconociendo tácitamente el incremento de las desigualdades sociales y económicas en el país socialista.
A la par de estas subidas, el Gobierno planea devaluar nuevamente el CUP con respecto al dólar, para lo que ha creado un grupo de trabajo en el Banco Central de Cuba.
En agosto de 2022, el tipo de cambio pasó de 24 CUP por dólar a 120 para las personas físicas (las personas jurídicas se mantuvieron sin cambios en 1:24). En el mercado informal el dólar se ha disparado hasta los 270 CUP actuales.
Defensa del plan
Ante las quejas y críticas en redes sociales y medios de comunicación no oficiales, el Gobierno cubano ha asegurado que no se trata de un plan neoliberal o de choque. Defiende que se busca la recuperación económica y que se protegerá a los colectivos vulnerables.
“Nada, absolutamente nada de lo que hacemos es para afectar al pueblo”, escribió el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en redes sociales. Agregó que “una economía no funciona a la medida de las necesidades y deseos de todos”, pero que “el socialismo se propone que funcione para la mayoría”
Díaz-Canel, que recientemente habló de “economía de guerra”, admitió, no obstante, que “son medidas duras”, pero las consideró ineludibles para “reordenar” la economía.