El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional aplazó para el primero de agosto el seguimiento al juicio de fondo a los acusados del caso Coral/Coral5G.
A las 9:00 de la mañana seguirá el juicio y se espera que el tribunal conozca el primer testigo a cargo del caso de corrupción cuyo mayor imputado es el mayor general Adán Cáceres, exjefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
El Ministerio Público señala al mayor general Adán Cáceres Silvestre, exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep), como la persona que dirigió el entramado de corrupción, de 30 personas físicas y 18 personas jurídicas, que desfalcó al Estado con más de 4,500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020.
Además, según la acusación, sustrajeron los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados están, el general de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), Julio Camilo de los Santos Viola; el coronel de la Policía Rafael Núñez de Aza; el mayor del Ejército Nacional, Raúl Alejandro Girón Jiménez; el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora), el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán (hijo de la religiosa) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
De igual manera, el general Julio Camilo de los Santos Viola y José Manuel Rosario Pirón, así como Carlos Lantigua, Alfredo Pichardo, Erasmo Roger Pérez, Jehohanan Lucía Rodríguez, Yehudy Blandesmil Guzmán, Esmeralda Ortega Polanco y otros.
Dichos imputados fueron enviados a juicio de fondo por la juez Yaninet Rivas, del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional.
Todos enfrentan el juicio de fondo, en el que podrían ser condenados por corrupción y lavados de activos para enriquecerse.
La acusada Rosa Antonia Disla, madre de Núñez de Aza, también acusada en este caso, su imputación se conoce a parte por su situación de salud en que se encuentra.
El Ministerio Público le atribuye al grupo la distracción de fondos públicos, desde 2912 al 2020, con compras de raciones de alimentos, combustibles y el nombramiento de policías y militares a los cuales se les pagaba menos del 30 por ciento del salario y el restante se quedaba en las manos de la red.
También, de sustraer los fondos de inteligencia del Cusep y Cestur para la red quedarse con todos los recursos.
