Por Israel Figueroa.- Hugo Beras, Frank Rafael Diaz, Juan Francisco Álvarez y Samuel Gregorio Baquero, según el Ministerio Público, conformaron una asociación de malhechores con Jochi Gómez, Pedro Vinicio Padovani, Carlos José Peguero y la empresa Transcore Latam, para estafar al Estado dominicano amañando el proceso de licitación que le fue adjudicado a estos últimos por la suma de RD$ 1,317,350,997.00.
Además de la adjudicación, le fue otorgada a estos últimos, a través de Transcore Latam S.R.L., el control del sistema semafórico y de video vigilancia del Gran Santo Domingo, “quienes procedieron a vincular dichos sistemas en un centro de monitoreo y control de la empresa de nombre AURIX S.A.S., que se dedica a la investigación e inteligencia privada”, propiedad del imputado Jochi Gómez.
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La PEPCA solicita prisión preventiva de 18 meses a cada uno como medida de coerción “sustentando la necesidad de atarlos” ya que por sus influencias políticas, empresariales, además de las facilidades de salida del país y residencia en el extranjero, “pudieran poner en peligro la integridad del proceso judicial, constituyendo además un peligro para las pruebas del mismo”.
De igual modo, “los conocimientos técnicos y accesos a los sistemas informáticos y de seguridad nacional de algunos de estos, constituyen un peligro adicional para la recopilación de las pruebas”.
La Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), solicita 18 meses de prisión preventiva a todos los imputados en el caso Camaleón.
Los imputados en este expediente son: Hugo Beras, ex director ejecutivo del INTRANT; el empresario José Ángel Gómez (Jochi), Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero, Juan Francisco Álvarez, Pedro Vinicio Padovani y Carlos José Peguero. También las empresas Transcore Lata, S.R.L.; Aurix SAS e INSOPROL SRL.
