Por Raúl Germán Bautista.- El expediente presentado el Ministerio Público establece, en su página número 7, que José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) logró que el Ministerio de Defensa, en junio del 2020, le firmara un contrato ilegal, para tener acceso a informaciones sensitivas del Estado (a través de la empresa Aurix S.A.S).
Así mismo, indica que ingresó al país equipos propios de las agencias de inteligencia, seguridad y defensa del Estado.
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), con el apoyo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, detalla que esta supuesta red criminal creó una compleja estructura de espionaje satelital, hacía extracciones ilegales de informaciones telefónicas y colocaron drones en lugares estratégicos de la ciudad para hacer vídeo vigilancia para uso ilícito.
También, asegura el expediente que el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre-Intrant- (Hugo Beras), compartía de forma habitual, en actividades sociales y familiares del imputado (Jochi Gómez).
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Plantea la acusación que se seleccionó al oferente antes de subir el proceso de licitación al portal institucional y que el seleccionado participó en la elaboración del pliego de condiciones, el cual se estuvo trabajado en su empresa, que “evidentemente se hizo un traje a la medida”.
Revela el documento que el director ejecutivo del Intrant de ese entonces puso en manos de una persona reconocida y con supuestos antecedentes de hacer uso ilícito de las informaciones, la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Se afirma que los funcionarios públicos, al momento de los hechos, supuestamente recibieron soborno para favorecer a los imputados que eran parte del entramado societario.
“Usurparon la identidad de agencias de defensa y seguridad del Estado colocando cientos de cámaras, en sectores del gran Santo Domingo, sin tener autorización. La estructura societaria tenía absoluto control del sistema de monitoreo de la red semafórica y del sistema de cámara de la agencia de seguridad del Estado, a la que la estructura colocó en múltiples sectores del gran Santo Domingo. Amenazaron y cumplieron. En el mes de agosto, los imputados causaron un sabotaje a la red semafórica del Gran Santo Domingo”, puntualiza el expediente.
Se les acusa de robar y usar identidad de personas físicas y jurídicas para participar en el proceso de licitación fraudulento, y de crear un consorcio que era otra maniobra ilícita para que también participara en el proceso de licitación como un oferente simulado.
La página 9 del expediente dice esto, citamos: “La estructura de crimen organizado se encontraba conformada por Hugo Marino Leopoldo Beras Goico Ramírez, quien se desempeñó como director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) desde el quince (15) de agosto del 2022, hasta el trece (13) de noviembre del 2023. Este coalicionó para violar la ley con Frank Rafael Atilano Díaz Warden, quien se desempañaba en el mismo período como coordinador de despacho y representante del director ejecutivo ante el comité de compras de la entidad; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de tecnología de la información y comunicaciones, y Juan Francisco Alvarez Carbuccia, director administrativo y financiero. Los anteriormente señalados formaron una asociación de malhechores con José Ángel Gómez Canaán (Jochi), Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas y la empresa Transcore Latam S.R.L. para estafar al Estado dominicano, amañando un proceso de licitación que le fue adjudicado a estos por la suma de mil trescientos diecisiete millones trescientos cincuenta mil novecientos noventa y siete pesos dominicanos con 00/100 (RD$ 1,317,350,997.00)”.
El “Petitorio” de este expediente solicita que se le imponga la medida de coerción a Hugo Marino Leopoldo Beras Coico Ramírez, José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), Frank Rafael Atilano Díaz Warden, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Samuel Gregorio Raquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Carlos José Peguero Vargas, Transcore Latam S.R.L., AURIX S.A.S., e INPROSOL S.R.L., consistente en prisión preventiva por un periodo de 18 meses, de conformidad con el artículo 226 numeral 7, de la Ley Núm. 76-02, Código Procesal Penal.
