Diputados emplazan a jueces a ejecutar sentencias contra alcaldes LR y Jaquimeyes

Los congresistas Plutarco Pérez y Eugenio Cedeño, miembros de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, emplazaron a los jueces de ejecución de la pena de la Región Este y de Barahona, para que han cumplir las condenas dictadas por la Suprema Corte de Justicia que condenan a los alcaldes de La Romana y Jaquimeyes, a dos y tres años de cárceles, respectivamente.

Los legisladores oficialista y de oposición reaccionaron de esta manera a un reporte de N Digital, que da cuenta de los jueces de ejecución de la pena de la Región Este, Richard Henry Berras Reyes, y de Barahona, Joselín Medina Pérez, no han sido capaces de ejecutar dos sentencias de la SCJ que condenan a los alcaldes Juan Antonio Adames y a Carlos Valentín Bautista.

Eugenio Cedeño, PRM-La Romana, calificó como una debilidad institucional, que raya en lo inaceptable, el que alcaldes condenados por SCJ no se les hayan ejecutado la pena en contra.

Sostuvo que el juez de la ejecución de la pena si puede estar incurriendo en prevaricación y desacato a una sentencia ya hecha firme por la SCJ y responsabilizó también a la procuradora general de la República de que estas personas se burlen de la sociedad.

Mientras, el diputado Pérez, PLD-La Romana, responsabiliza al juez de ejecución de la pena de que no se haya procedido con el encierro del alcalde de La Romana, Juan Antonio Adames.

“Los regidores están obligados a suspenderlo por el juicio de fondo y el juez de ejecución de la pena está obligado a ejecutar esa sentencia”, afirmó.

Los legisladores dejaron claro que los actos de estos alcaldes son nulos, debido a las condenas en su contra, con la categoría de lo irrevocablemente juzgado.

Tony Adames fue condenado a dos años de cárcel por el delito de trabajo realizado y no pagado, en perjuicio del escultor Luis Castillo, por la suma de cuatro millones 50 mil pesos..

Mientras que el alcalde por Jaquimeyes, Carlos Valentín Baustista, fue condenado a tres años de cárcel y cinco de inhibición para ocupar cargos públicos, por corrupción