La Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología (SDOG) emitió su posición respecto al proyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo por causas excepcionales, actualmente en discusión en el Congreso Nacional, afirmando que el aborto debe de ser aprobado con las tres causales.
“La no aprobación de la despenalización del aborto en al menos las tres causales conocidas (riesgo para la vida de la madre, inviabilidad del feto y embarazo por violación o incesto) mantendría la responsabilidad penal de los médicos ante un código penal que criminaliza todas las formas de aborto, imponiendo sanciones a los profesionales de la salud”, dice el comunicado enviado por SDOG.
La sociedad definió los términos utilizados en el debate sobre el aborto:
1. Aborto: Terminación de un embarazo antes de que el feto sea viable fuera del útero, que puede ser espontáneo (aborto natural) o inducido por razones médicas o personales.
2. Riesgo para la vida de la madre: Situaciones en las que continuar con el embarazo representa una amenaza grave e inminente para la salud o la vida de la mujer gestante.
3. Inviabilidad del feto: Casos en los que el feto presenta anomalías congénitas o genéticas que son incompatibles con la vida extrauterina, diagnosticadas mediante métodos científicos confiables.
4. Embarazo por violación o incesto: Embarazos resultantes de una violación sexual o de relaciones incestuosas, donde se reconoce el profundo impacto físico y psicológico que estas circunstancias pueden tener en la mujer gestante.
El comunicado emitido por la sociedad dice que según datos del Ministerio de Salud Pública, en la República Dominicana se reportan aproximadamente 25,000 hospitalizaciones anuales por complicaciones derivadas de abortos inseguros.
“La despenalización en estas tres causales podría reducir significativamente estas cifras, mejorando la calidad de atención en salud”.
El gremio pidió a los legisladores seguir el modelo adoptado por otros países con contextos similares: aprobar un código penal que penalice el aborto, excepto en las tres causales específicas, y desarrollar un protocolo de implementación de estas causales en colaboración con el Ministerio de Salud Pública.
Además, consideraron necesario discutir la modificación de la Constitución de la República, que establece claramente el derecho a la vida, dentro del marco de una sociedad que respeta profundamente este derecho.
“Solicitamos la despenalización del ejercicio médico en su más amplia dimensión, ya que el médico siempre actúa en beneficio y a favor de la preservación de la vida y las mejores condiciones para la salud de las personas. La creación de un marco legal claro y específico permitirá una mejor protección de la salud de las mujeres y una mayor seguridad jurídica para los profesionales de la salud. Es imperativo que se despenalice la práctica médica en todos sus aspectos para garantizar que los médicos puedan actuar conforme a su juramento de proteger la vida y la salud de sus pacientes sin temor a repercusiones legal”, concluye el documento.
