El 16 de agosto de 2024, Luis Abinader asumió un segundo mandato como presidente de República Dominicana.
Durante su período anterior, el organismo Amnistía Internacional denunció supuestas violaciones de derechos humanos en el marco de la política migratoria contra personas haitianas por policías y miembros de las fuerzas armadas que asisten a la Dirección General de Migración (DGM) en operativos migratorios.
Amnistía Internacional ha enfatizado la necesidad urgente de que las instituciones dominicanas erradiquen el perfilamiento racial, el racismo estructural y la discriminación racial, y garanticen el respeto a la dignidad humana e integridad física de personas migrantes haitianas y personas dominicanas de ascendencia haitiana.
“El inicio del nuevo gobierno debe traer un compromiso irrestricto para superar los retos en materia de derechos humanos que hemos denunciado y documentado en estos últimos meses. Es crucial que se establezcan políticas migratorias que garanticen el respeto a la dignidad y los derechos humanos de todas las personas” expresó Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Desde 2022 República Dominicana se convirtió en el país que deporta más personas haitianas en movilidad, a pesar del llamamiento en noviembre de 2022 del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) a los Estados para detener los retornos forzados a Haití. Según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en 2023 fueron deportadas 208.166 personas haitianas, de ellas más de 20.000 son adolescentes, niñas y niños. Durante 2024, y aun con la grave crisis en Haití, el gobierno dominicano ha deportado a 98.594 personas, entre ellas más de 5.000 adolescentes, niñas y niños.
Amnistía Internacional ha constatado que muchas de estas expulsiones han sido colectivas, violando el principio de no devolución y el derecho de asilo de las personas haitianas. Dichas expulsiones colectivas son contrarias a las obligaciones internacionales de la República Dominicana porque no permiten una evaluación individualizada de las necesidades de protección de cada persona afectada, ni de los riesgos a los que se enfrentarían las personas al ser devueltas a Haití. Asimismo, son realizadas con operativos migratorios que perfilan y discriminan racialmente, faltando a la garantía del principio de igualdad y no discriminación.
Un punto álgido en el mandato anterior de Luis Abinader fue el conflicto por el canal en el Río Masacre, en octubre de 2023. El gobierno dominicano anunció la suspensión indefinida de entrega de visas a personas haitianas, la militarización e implementación de controles biométricos en la frontera y el cierre migratorio de ésta. Desde entonces, se autorizó la participación de varias fuerzas públicas como el ejército y policías a realizar operativos migratorios. Durante meses, el Gobierno dominicano suspendió las vías para que personas de Haití pudieran renovar sus visados de estudio, residencia y trabajo en la República Dominicana, dejando en situación de irregularidad migratoria a las personas y separando familias. La suspensión de otorgamiento de visados a personas haitianas, que aún persiste, ha implicado el cierre de las pocas vías legales de acceso al país, limitado opciones de reunificación familiar, o imposibilitado el acceso a opciones de estudio y trabajo.
