Por Israel Figueroa.- A las 11 de la mañana de hoy el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá la solicitud de medida de coerción a los implicados en el último escándalo de corrupción que involucra a ex funcionarios de la actual gestión gubernamental, en el marco de la operación que el Ministerio Público ha llamado Camaleón, y que investiga la presunta red de corrupción que operó en el proceso de licitación en la que la empresa Transcore Latam adquirió el manejo de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
Los implicados en este caso son exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Hugo Beras; Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del INTRANT; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología del INTRANT; el empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi), propietario de la empresa Aurix S.A.S.; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT y Carlos José Peguero Vargas.
Los imputados en Operación Camaleón son investigados por conductas típicas a lo establecido en los artículos 146, numeral 1 de la Constitución de la República Dominicana (proscripción de la corrupción); artículos 123, 124 (coalición de funcionarios), 147, 150 y 151 del Código Penal dominicano (uso de documento privado); 171 y 172 (desfalco), artículos 265 y 266 (asociación de malhechores), así como el artículo 405 (estafa en perjuicio del Estado dominicano) del Código Penal dominicano; artículos 11, 17, 27, y 28 (sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, y actos de terrorismo), de la Ley núm. 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Así como, los artículos 5, 33, 34, 35, 36, (contrabando) de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados; y los artículos 2, 3, 4, 5, 8, 9, y 10 (Lavado de Activos) de la Ley núm. 155-17 sobre Lavados de activos y financiamiento del terrorismo, artículos 5, 8 letra F y 26 de la Ley núm. 267-08 sobre Terrorismo, y crea el Comité Nacional Antiterrorista y la Dirección Nacional Antiterrorista, artículos 66, 67 y 69 de la ley 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, todo esto en perjuicio del Estado dominicano.
La solicitud de medida de coerción fue depositada la noche de ayer por la procuradora de corte Mirna Ortiz quien aseguró que cuenta con los elementos suficientes para que el tribunal acoja el pedimento del Ministerio Público en cuanto a la medida de coerción a imponer y la declaratoria de complejidad del proceso.
