Por Israel Figueroa.- La Asamblea Nacional Revisora está convocada para iniciar hoy los trabajos de modificación de la Constitución de la República, luego de que las cámaras legislativas aprobaran la Ley 61-24, que declara la necesidad de la reforma constitucional, en sus artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274, así como adicionar una disposición general como artículo 278.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dirigirá los trabajos en su condición de presidente de la Asamblea Nacional, y el vicepresidente Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
En la propuesta que estudió una comisión bicameral, presidida por el senador Pedro Catrain, el Poder Ejecutivo dice tener por objeto garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas.
Asimismo, se agregaría una disposición general nueva para que ningún funcionario de elección popular se beneficie de una reforma constitucional realizada durante su mandato, cuando esta verse sobre su postulación, elección y permanencia del cargo.
De igual modo, la actual reforma busca consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones.
Para lograr ese objetivo, en la propuesta enviada por el Poder Ejecutivo se indica que se modificaría una serie de disposiciones constitucionales que van desde los requisitos y forma de designación del Procurador General de la República hasta la competencia y atribuciones del Ministerio Público.
La reforma buscará unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y de demás representantes electivos y reducir la cantidad de miembros de la Cámara de Diputados.
En este punto se prevé modificar los artículos 209 y 274 para sincronizar todos los períodos constitucionales, de modo que todas las elecciones se celebren el tercer domingo de mayo de cada cuatro años y todas las autoridades electas tomen posesión el 16 de agosto siguiente, medida que surtiría efecto a partir de las elecciones de 2032.
Desde la oposición se ha criticado la convocatoria indicando que carecería de legitimidad, ya que podría pasar sólo con los votos del oficialismo.
Para el vocero de los senadores de Fuerza del Pueblo, Omar Fernández, no se ha logrado el consenso político y social suficiente, de la que dijo que puede ser legal, pero no legítima.
También, el diputado peledeista Danilo Díaz, atribuyó la reforma a “un capricho” del presidente Luis Abinader, y no a las reales necesidades de la sociedad dominicana.
