El exministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem, fue convocado por el Ministerio Público para comparecer este lunes 7 de octubre, en el marco de la investigación por el caso de corrupción y espionaje conocido como Operación Camaleón.
Esta citación surge tras la revelación de que Paulino Sem firmó un acuerdo de colaboración con la empresa Aurix S.A.S., representada por José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi. Las autoridades han calificado este acuerdo como “oculto y de malas intenciones”.
El pacto otorgaba a Aurix S.A.S. facultades que son exclusivas de las instituciones militares y de inteligencia, lo que ha generado gran controversia debido a la ausencia de registros oficiales en el Ministerio de Defensa.
Según el expediente, este acuerdo no solo violaba la Constitución, sino también la ley 139-13, al permitir que una entidad privada tuviera acceso a información sensible y de seguridad nacional. Esto propició prácticas ilegales por parte de Gómez Canaán, como manipulación, amenazas, chantajes y extorsión.
Acuerdo sin respaldo legal
El expediente revela que el acuerdo entre el Ministerio de Defensa y Aurix S.A.S. fue realizado sin seguir los procedimientos legales adecuados, lo que sugiere una falta de transparencia y legalidad. La gravedad del caso se agrava al conocerse que la empresa utilizaba logotipos de la Policía Nacional para llevar a cabo instalaciones de equipos de videovigilancia de forma ilegal, usurpando funciones de organismos como la policía y otros cuerpos de investigación.
Además, en una comunicación fechada el 4 de octubre de 2024, la Dirección de la Policía Nacional confirmó que no existe ningún convenio entre esta entidad y Aurix S.A.S., lo que refuerza la idea de que la empresa operaba al margen de la ley, utilizando recursos de vigilancia y control reservados para organismos del Estado. También se señala que otras instituciones, como la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y el Ministerio Público, podrían haber sido utilizadas para facilitar las actividades ilegales de la empresa.
La firma del acuerdo entre el Ministerio de Defensa y Aurix S.A.S. es considerada una violación flagrante de la Constitución dominicana y sus leyes. La ley 139-13, que regula la seguridad nacional y las actividades de defensa, se ignoró al permitir que una entidad privada manipulase información reservada.
El Ministerio Público indicó que este acuerdo facilitó el uso indebido de información clasificada para chantajes y extorsiones, actividades que fueron ejecutadas por Gómez Canaán, quien utilizó la fachada de la empresa para obtener beneficios personales y ejercer presión sobre funcionarios y otras entidades.
