La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó una ley que excluye a los partidos políticos de responsabilidad penal en casos de corrupción, una norma aprobada por el Congreso para evitar que las organizaciones políticas sean procesadas o disueltas por esos delitos.
La norma, que modifica el Código Penal y la ley que regula la responsabilidad administrativa de personas jurídicas en el proceso penal, fue publicada en la edición extraordinaria de la gaceta de normas legales en el diario oficial El Peruano.
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Añade que la ley busca optimizar la democracia representativa y establecer medidas para la lucha contra la corrupción en las organizaciones políticas.
En el artículo referido a las medidas aplicables a las personas jurídicas establece que a las organizaciones políticas sólo se aplica el régimen sancionador en los supuestos previstos en la ley de organizaciones políticas.
“La responsabilidad penal se aplica de manera individual a los sujetos implicados en el ilícito”, precisó.
Además, con respecto a las medidas administrativas aplicables, señaló que tampoco se aplica su disolución y nuevamente remite al régimen sancionador de la referida ley de partidos políticos.
Esta ley es aprobada por el Parlamento y promulgada por el Ejecutivo antes de que la lideresa del partido opositor Fuerza Popular, Keiko Fujimori, sea sometida a juicio oral por presunto lavado de activos, junto a la cúpula partidaria, bajo el argumento fiscal de que usó su movimiento político para configurar una organización criminal y percibir aportes ilícitos en sus campañas electorales.
Además de la pena de 30 años de cárcel contra Fujimori, la fiscalía pide la disolución de su partido.
